SOS desde Colombia para América Latina

Gloria CUARTAS

 

   
 

 

Después del 11 de septiembre de 2001 el Gobierno de EEUU pretende imponer un nuevo orden mundial, un "Estado imperial sin fronteras". En nombre del terrorismo -y en el de Dios-, levanta las banderas que justifican el incremento de "guerras preventivas" como caminos para garantizar el sometimiento al "imperio", por el control de fuentes, recursos mineros y energéticos en diversas partes del mundo. Un régimen que desconoce las con-quistas logradas históricamente por los movimientos sociales, el Estado Social de Derecho y las libertades ciudadanas, que olvida que detrás de la guerra -incluso del terrorismo como una de sus expresiones- hay factores estructurales, como la concentración de las riquezas, la desigualdad social…
En Colombia, es urgente promover y fortalecer la solidaridad con hombres y mujeres que necesitan prote-ger la vida y velar por los derechos humanos, rodear y acompañar procesos sociales, profundizar las alianzas en el trabajo nacional e internacional para crear nuevas confianzas que posibiliten "un acuerdo humanitario por la vida". Se trata de unir voluntades para que la socie-dad civil con sus acciones pueda contrarrestar la actual intervención de EEUU en los asuntos internos del país, y aunar esfuerzos nacionales para la recons-trucción de un Estado Social de Derecho en crisis, bus-cando activa y colectivamente salidas políticas al conflicto social y armado.
Frente a esa realidad, las palabras de Monseñor Romero refiriéndose a las declaraciones de Medellín, resuenan con toda vigencia: «En América Latina hay una situación de injusticia, una violencia institucionaliza-da... Dondequiera que hay una potencia que oprime a los débiles y no les deja vivir justamente sus derechos, su dignidad humana… allí hay situación de injusticia. Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, los pueblos que viven en subdesarrollo son una provocación continua de violencia. Y es natural, hermanos, que en una violencia institucionalizada, que sea ya un modo de vivir, no se quiera ver las maneras de cambiarla, y que haya brotes de violencia. No puede haber paz. Si de verdad hay deseo de paz y se conoce que la justicia es la raíz de la paz, todos aquellos que pueden cambiar esta situación de violencia están obligados a cambiar».
Esta declaración nos llama a tomar conciencia crítica contra todas las violencias y a trabajar colectivamente por la justicia, ante los signos claros del sometimiento imperialista. Ya lo hemos vivido en otros países. Ahora tenemos mayor responsabilidad y conocimiento para reaccionar a tiempo.
Asunto clave, que no será fácil hasta que se logre dar respuesta a realidades complejas, como recuerda la teóloga Carmiña Navia cuando se deja interrogar por ella y se pregunta en voz alta: «¿Qué palabra decir a las mujeres que en los barrios, salen cada mañana a buscar para repartir un pan escaso? Salen cada mañana a buscar un refugio lejos de cualquier arma para el hijo que recién abandona su niñez, para el hombre cuyo cuerpo cansado del hambre y de la guerra sueña con refugios distintos».
La realidad colombiana está íntimamente ligada a los acontecimientos internacionales: la invasión a Irak por la coalición EEUU - Reino Unido - España, con el gobier-no de Colombia como uno de los pocos aliados, nos reafirma la práctica imperial de EEEUU, cuyo prepotente ejercicio mereció el repudio y la movilización social en todos los rincones del planeta.
Estando en la década de la cultura de la paz, decla-rada por la UNESCO, se impuso la fuerza de las armas por sobre las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico internacional, violando todos los tratados, pactos y convenciones. Posponiendo, además, asuntos vitales que se suponían eran parte de la agenda interna-cional: el desarrollo integral, los derechos humanos, la lucha con-tra la pobreza y la discriminación, el medio ambien-te, etc. Con ello, una subordinación a la agenda de Washington, con una serie de costos impredecibles frente a la región Latinoamericana, el Foro de los No Alineados, y dejando fisuras en buena parte de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, este acto genocida del Gobierno de Estados Unidos es una alerta para nuestro Continente, para Colombia y para la manera como se pretende en adelante dirimir los conflictos. Estados Unidos, en aras de afirmar su modelo neocolonial de extracción de recursos naturales, energéticos y su acondicionamiento económico, profundiza el armamentismo en la región con la presencia de sus tropas, las bases militares y el entrenamiento de cuerpos policiales locales. Todo ello, señalado en el Plan Cabañas en Argentina, el Plan Digni-dad en Bolivia, el Plan Colombia, el Plan Cobra en Brasil y el Plan Nuevo Horizonte en Centro América. Es clara ahora, la relación de esta práctica armamentista con el impulso al modelo económico a través del Plan Puebla-Panamá; la Iniciativa Regional Andina, el ALCA y el Plan Andino mesoamericano, que, además, son expresiones de los intereses de las transnacionales y organismos multi-laterales como el FMI, OMC y BM.
En Colombia llevamos mucho tiempo a la espera de una salida política autónoma, sin intervencionismos. Ahora, el nuevo gobierno intenta superar el conflicto por la vía de la fuerza. En esta situación, nos hemos pasado gran parte de nuestra historia reciente. Factores como la crisis económica, el narcotráfico y la degradación del conflicto, nos exigen buscar la salida política. De los 13 presidentes consecutivos (14 con Andrés Pastrana, 15 con Uribe Vélez, 19 si contamos a los «cuatrillizos» de la Junta Militar) que le han declarado la guerra a la subversión, ninguno la ha ganado. Por el contrario: la subversión ha crecido con la guerra y en gran parte gracias a ella.
El contexto internacional agudizado con la narco-tización y la política «antiterrorista» en las relaciones internacionales, no permite vislumbrar a corto plazo, una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia, con altos costos humanitarios. La aplicación del modelo de «seguridad democrática» basado en la «contención de los violentos» profundiza la crisis. En los últimos 15 años, podemos contar cerca de 3 millones de personas desplazadas, 5.080 desaparecidas, 3000 secues-tradas y 32.0000 asesinadas anualmente. La violencia de genero se intensifica, se empeora la situación de niños y niñas, una realidad cruzada por una emergencia humani-taria casi desconocida para el mundo y en muchos casos para nuestras hermanas y hermanos en el Continente.
La presión del gobierno de Estados Unidos sobre el actual gobierno colombiano, se expresa en factores como la implementación de «políticas autoritarias y bélicas» para el tratamiento del conflicto y el fortalecimiento del paramilitarismo por diferentes vías. Se incrementa el rubro presupuestal para el gasto militar, lo que afecta a la inversión económica, social y cultural, y profundiza la exclusión, la inequidad y la marginalidad. El mayor impacto negativo -como en muchas otras situaciones de reducción de fondos de inversión social ya comprobadas y estudiadas- recae en las mujeres y los niños. También, se intensifica la impunidad, la debilidad en la aplicación del sistema de justicia, con cambios y reestructuración en la dinámica del conflicto armado, lo cual incide en mayores controles sobre los migrantes, violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humani-tario y de algunos de los instrumentos jurídicos interna-cionales ratificados por Colombia.
En ese marco, el poder de los medios de información, favorece y fortalece el imaginario colectivo del poder del lenguaje y de los símbolos que se construyen sobre la necesidad de la guerra, influyendo sobre la sociedad en esa tendencia favorable a la salida de fuerza, ignorando la paz como derecho de los pueblos. Por eso demanda-mos la responsabilidad de no manipular la información, de ser imparciales, éticos y de abrir espacios para que las voces silenciadas de la sociedad se expresen.
Colombia está en el eje del «Imperio» que amenaza nuestra soberanía. Desde Colombia, se pretende contro-lar el destino político y los recursos de los pueblos hermanos; en especial las esperanzas que se construyen en Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador. La resistencia de la sociedad es la esperanza que nos habita en tiempos de "oscuridad". Reconocemos las expresiones diversas del pueblo estadounidense que nos apoya y se manifies-ta contra la política imperial.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantener y fortalecer la cooperación en el respeto del Estado de Derecho, a la solución política de los conflic-tos sociales, a conocer las causas de los conflictos nacionales, a cuestionar la aplicación de la fuerza para someter a los pueblos impediendo el ejercicio de su soberanía y sus modelos propios de gobernabilidad. La imposición que se pretende, nos da pautas para recupe-rar la memoria histórica, reaccionar, movilizarnos, tener la capacidad de conmovernos y mantener la hermandad entre personas y grupos de diversos países: se trata de un desafío ético y colectivo, porque estamos convenci-das y convencidos de que "otro mundo es posible" y viable, como respuesta a los miles de atropellos globales actuales.
Las historias de vidas y trabajos, las huellas de hombres y mujeres que hacen de la resistencia activa una manera de enfrentar y transformar violencias, así como la memoria de cada una de las luchas por la verdad, la justicia y la reparación en América Latina, nos dan la confianza en una unidad latinoamericana, con pueblos hermanos de otros continentes que acompañen este derecho y este deseo de paz del pueblo Colombiano. Creemos en la esperanza que día a día se construye, a pesar de la desesperanza que se nos quiere imponer por los medios de comunicación, y creemos en la dignidad humana, capaz de escuchar el clamor por la paz.

   
 


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