|
La campaña del Jubileo por la cancelación
de la deuda pidió algo más que la cancelación de
la deuda. Hubo otras dos demandas. Primero, que la cancelación
fuera llevada a cabo mediante un procedimiento neutral, transparente y
participativo, y, segundo, que se tomaran medidas para asegurar que en
el futuro no se volvieran a producir crisis semejantes por otras deudas.
Dado que la deuda surgió de toda una situación de desequilibrio
e inequidad, la simple cancelación de la deuda no sería
suficiente. A largo plazo las otras dos demandas podrían ser más
importantes que la misma cancelación de la deuda.
«Transparente» significa que los procesos de decisión
no deberían ser ocultos. Todos los afectados por la decisión,
deberían conocer el proceso de la toma de decisión, las
personas responsables, los temas implicados, las decisiones tomadas y
sus razones. La transparencia es requerida no sólo por el proceso
de cancelación de la deuda, sino en todas las áreas de finanzas
y gobierno internacional. Es una contradicción para las instituciones
internacionales pretender ser promotoras de la democracia y del buen gobierno
sin asumir sus interacciones con gobiernos en una forma abierta y transparente.
Tales asuntos, como las estrategias de asistencia a los países
de parte del Banco Mundial, deberían ser públicas, como
deberían serlo todos los requerimientos políticos planteados
a los gobiernos por los acreedores y las instituciones internacionales.
«Neutral» significa que la toma de decisión no debería
estar en las manos de un sector particular. Dado que en la crisis de la
deuda los acreedores son normalmente los que están en la posición
más fuerte, neutralidad casi siempre implicará asegurar
que los acreedores no controlen el proceso.
«Participativo» significa que el proceso comprometa a todos
los que serán afectados por las decisiones que se produzcan. Lo
más importante aquí es asegurar la participación
de los más vulnerables en este proceso.
Tomar medidas para que crisis de la deuda similares no se vuelvan a producir
en el futuro requiere una evaluación exhaustiva de las causas de
fondo de la crisis de la deuda. Evaluación que también debe
ser transparente, neutral y participativa en el sentido dicho. Tal evaluación
tendría que tomar en consideración el hecho de que los países
acreedores, en su mayor parte, son antiguos poderes coloniales, y los
endeudados son exportadores de materias primas. Hay que considerar también
la situación desventajosa de las materias primas en el mercado
internacional, y compensar el desequilibrio. Deben afrontarse también
los problemas del desplazamiento de la responsabilidad, sobre todo cuando
la deuda deriva de proyectos de desarrollo fallidos llevados a cabo por
iniciativa y dirección de los acreedores.
En la demanda de medidas para que no se produzcan crisis de deuda en el
futuro hay algunos principios éticos básicos que apuntan
al tipo de sistema necesario. Des-cribiré algunos de estos principios.
a) El derecho a una adecuada alimentación, vestido, vivienda,
acceso a atención médica y educación son derechos
primarios y tienen prioridad sobre otros derechos, como el derecho de
los acreedores a la devolución.
b) La responsabilidad primera del gobierno es el bienestar del pueblo,
sobretodo respecto a los derechos primarios mencionados. Sin embargo,
cada gobierno tiene la responsabilidad de atender estos derechos básicos
antes de hacer devoluciones a los acreedores. Una cierta porción
del presupuesto de cada país debería ser considerado sacrosanto
y fuera del alcance de los acreedores. Esta porción debería
ser determinada de acuerdo con los derechos ya definidos en documentos
de la ONU.
c) Los gobiernos también tienen la responsabilidad de mantener
un cierto grado de autonomía para el país que permita al
pueblo vivir sin caer en el servilismo. Así como se necesita evitar
toda forma de tiranía dentro de los países, los gobiernos
son responsables de evitar la política servil o la dependencia
económica respecto a otros países o instituciones. Esta
responsabilidad de mantener un cierto nivel de independencia y autogobierno
también anula las responsabilidades que un gobierno tiene para
los acreedores. Esto significa que una cierta porción del presupuesto
de cada país debería ser reservado como fondos para la promoción
del desarrollo, de forma que se mantenga un nivel suficiente de autoconfianza.
Este desarrollo es necesario para asegurar que el bienestar del pueblo
se realiza a través de una participación activa y no por
limosnas pasivas. Esta proporción del presupuesto también
debería estar fuera del alcance de los acreedores, ya que pertenece
a una responsabilidad de los gobiernos que es anterior a su responsabilidad
para con los acreedores.
Todo lo anterior está fundamentado en el entendido a) de que la
razón de ser de los gobiernos es el bienestar de su pueblo, y b)
que el derecho de propiedad no es el derecho más fundamental, sino
que hay ciertos derechos humanos que lo superan. Los gobiernos tienen
su primera responsabilidad en proteger esos derechos más fundamentales.
Sólo cuando tienen suficientes recursos para satisfacer esos requerimientos,
sólo entonces tienen derecho a responder a las demandas de los
acreedores. Este principio básico es reconocido, por ejemplo, en
el capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de EEUU, donde estados,
ciudades, condados, etc., pueden solicitar protección por declaración
de quiebra, sin exponer el bienestar o las propiedades de sus ciudadanos.
La sugerencia es que el principio pueda ser aplicado en todas las etapas
del proceso del pago de la deuda, no solamente al momento de la quiebra.
Lógicamente, un préstamo a un gobierno no es lo mismo que
un préstamo a un actor económico ordinario, como por ejemplo
un negocio corporativo. El gobierno, a causa de que sus obligaciones incluyen
derechos humanos fundamentales, tendrá siempre obligaciones que
sean más fuertes que sus responsabilidades respecto a los acreedores.
Por eso, es necesario un régimen internacional de préstamos
que sea compatible con estas obligaciones fundamentales de los gobiernos.
La lógica del préstamo es que el receptor invierta el dinero
en algún proyecto y consiga un beneficio con el que devolver el
préstamo y el interés, y a la vez retener una cierta ganancia.
Cuando esos beneficios no se consiguen, ocurren las crisis de deuda. Hasta
el punto de que si un préstamo no va a generar una ganancia, es
muy probable que genere una crisis. Los gobiernos no pueden actuar como
cualquier otro agente económico, no sólo porque tienen otras
obligaciones mayores, sino también porque necesitan financiamiento
para proyectos y programas que es probable que no generen ganancias. Los
negocios ordinarios no tienen la responsabilidad primaria de dar servicios
de salud, educación, socorro en los desastres, infraestructura,
etc. Los gobiernos tienen estas responsabilidades primarias, y si la financiación
para ellas proviene de préstamos a una tasa de interés del
mercado ordinario, las crisis de deuda se hacen inevitables.
Finanzas para gobiernos o corporaciones guberna-mentales, o préstamos
por los cuales un gobierno es probable que resulte responsable, deberían
ser clasificados según la medida en que, por su propia naturaleza,
su financiación vaya a generar ingresos.
-Recursos para usos que no van a generar ingresos, especialmente en el
caso de los países pobres, deberían ser provistos en forma
de donaciones. De hecho, la UNCTAD hace años que solicita que ODA
sea dado en forma de donaciones, no de préstamos, o sea que no
se trata de una sugerencia nueva. Sin embargo, todavía se escuchan
casos de donantes que ofrecen préstamos para objetivos como combatir
el SIDA, un uso que no va a devengar lucro alguno. Tales préstamos
están condenados a producir crisis de deuda. Esas financiaciones
deberían ser en forma de donaciones, que, en la mayor parte de
los casos, podrían ser consideradas una reparación por el
colonialismo o por la inequidad, o sea, como demandas de justicia, no
como actos de caridad.
-El uso de recursos para objetivos como desarrollo de infraestructuras
puede generar indirectamente ingresos. Según la capacidad económica
del país, tales recursos podrían ser donaciones o podrían
ser préstamos sin interés, o a intereses bajos, con pagos
demorados hasta que el proyecto haya empezado a producir beneficios.
-Préstamos para proyectos que se espera que produzcan beneficios
podrían ser concedidos a las tasas de interés del mercado,
pero tales préstamos no deberían ser garantizados por el
gobierno. Si un préstamo no puede ser hecho según la lógica
del mercado, tampoco debería estar sujeto a un nivel de interés
propio del mercado. Si unos préstamos garantizados por los gobiernos
son indispensables, entonces se deben tomar medidas para reducir la vulnerabilidad
gubernamental, como la limitación en la acumulación del
interés compuesto, así como el reconocimiento de las otras
responsabilidades primarias de los gobiernos.
Finalmente, la actual crisis de la deuda ha dejado claro que es necesario
ver que la responsabilidad por las deudas tiene que ser prorrateada según
la responsabilidad real. También a las odiosas deudas que son resultado
de la corrupción. Algunas deudas actuales son resultado de la quiebra
de proyectos de desarrollo que, aunque mal conducidos, estaban bien intencionados.
En esos casos no es correcto que todo el peso del pago de la deuda caiga
en el país receptor. En muchos casos los proyectos de desarrollo
han sido llevados a cabo bajo la iniciativa y la guía de donantes
y expertos internacionales, a los que no se les considera responsables.
Poder sin responsabilidad es una invitación a la corrupción.
|